Seguro que el futuro de nuestros hijos es, probablemente, lo que más nos preocupa. Nos preocupa en un escenario en el que cuentan con nuestro apoyo en todos los sentidos y seguramente nos preocupa aún más si nos ponemos en el supuesto de que algo pudiera ocurrirnos.

Para tratar de evitar, en la medida de lo posible, problemas financieros a nuestros pequeños, lo ideal es hacer testamento orientado a procurar la seguridad financiera de la familia.

Con el testamento, determinamos el destino de nuestro patrimonio, bienes, derechos, así como obligaciones, en caso de fallecimiento.

El hecho de que exista un testamento evita muchos problemas y quebraderos de cabeza a los herederos, pues les facilita los trámites a realizar en el momento de recibir la herencia. Además, reduce los costes económicos derivados. En caso de no existir testamento, la herencia se distribuiría conforme a la legislación nacional o autonómica correspondiente en cada caso, en un proceso que resulta más lento y costoso económicamente para los herederos.

El testamento se puede hacer de varias formas, pero lo más habitual es hacerlo en una notaría. Lo más habitual es establecer un porcentaje de reparto, generalmente a parte iguales, entre los hijos. Estos, tras el fallecimiento del progenitor, harían el inventario de bienes y deudas y repartirían conforme a los porcentajes establecidos.

Al hacer el testamento, el progenitor está obligado a dejar dos tercios de sus bienes a sus hijos. Lo que denominamos la legítima. El otro tercio de su patrimonio puede dejarlo en herencia a otra persona o entidad o aun solo hijo. Lo habitual es que esta tercera parte de libre disposición se deje al cónyuge, quien, además, mientras viva, tendrá derecho al usufructo de otro tercio.

En caso de fallecer sin haber hecho testamento, los hijos son los herederos legitimarios y adquieren en exclusiva el patrimonio del progenitor fallecido. No obstante, el cónyuge que queda viudo tiene derecho al usufructo de un tercio de los bienes, que pertenecen a los hijos, pero puede disfrutarlos en vida.

Cuando se produce el fallecimiento y hay testamento, los hijos -si son mayores de edad- o, en el caso de ser menores de edad, el progenitor vivo o el tutor designado, deben solicitar un certificado de últimas voluntades para verificar la existencia de testamento y comprobar que no se ha hecho otro con posterioridad. Tras esto, se inventarían, valoran y adjudican los bienes conforme lo dispuesto por el testador y se procede a pagar el Impuesto de Sucesiones.

En el caso de fallecimiento sin testamento, los hijos mayores de edad o el progenitor vivo o tutor, en caso de hijos menores de edad, deben realizar un trámite: la declaración de herederos abintestato, que debe realizarse ante notario en el plazo de seis meses desde el fallecimiento. Es necesario presentar un certificado de últimas voluntades para verificar que no existe testamento, así como certificados de matrimonio –en su caso–, defunción del causante y nacimiento de los herederos. Tras esto, los bienes del fallecido se inventarían y valorarían en escritura pública y se harían constar las adjudicaciones hereditarias. En este caso, cada hijo heredaría a partes iguales. Estos podrían acordar adjudicarse bienes concretos por el mismo valor o compensarse económicamente la diferencia. Tras ello, los herederos tendrían que pagar el Impuesto de Sucesiones.

Designación de tutores legales

En el caso de tener hijos menores de edad, una cláusula frecuente a la hora de hacer testamento es la que designa un tutor para sus hijos en caso de fallecimiento de ambos progenitores. Por norma general se suele elegir a las personas más cercanas al entorno familiar: un hermano mayor de edad o parientes próximos a los padres.

El tutor velará por ellos como lo debería hacer un padre o una madre. Además, rendirá cuentas al juez de forma periódica, para justificar la gestión que realiza sobre los bienes de los menores.

A la hora de designar un tutor legal, los padres pueden optar por varias fórmulas:

a.) Pueden nombrar uno o más tutores, estableciendo si deben actuar o no de forma solidaria o conjunta.

b.) Pueden separar la tutela personal de la patrimonial, de modo que un tutor se encargue del cuidado del hijo y otro se encargue de la gestión de sus bienes.

c.) También es posible nombrar tutor a una persona jurídica, siempre y cuando su fin sea la protección de menores sin ánimo de lucro.

d.) Asimismo, es posible excluir a una persona de la función de tutor.

e.) De igual modo, se pueden establecer órganos de fiscalización o control sobre la actuación del tutor

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