Según pasan los años, vemos envejecer a nuestros mayores, sufriendo no solo los achaques físicos típicos de la edad, sino también perdiendo facultades sensoriales y mentales.

En algunos casos, vemos cómo aquel padre que podía con todo, que lo sabía todo, ese hombre con el que, si nos pasaba la mano por los hombros, sentíamos que no había nada que temer, va perdiendo esas facultades que lo hacían nuestro héroe. Sí, ese hombre que nos enseñó a cuidar de nosotras mismas, a tomar decisiones en la vida, ahora, necesita que le cuidemos nosotros, que decidamos por él. Porque sí, lamentablemente, la edad nos hace perder capacidades

Efectivamente, en muchos casos, las personas de avanzada edad pierden capacidades, pero no la capacidad jurídica, inherente a la persona al cumplir la mayoría de edad, a no ser que un juez determine lo contrario.

La capacidad jurídica es la aptitud que posee toda persona para ser titular de derechos y obligaciones. Esta se vincula a la capacidad de obrar, que es la capacidad que tienen las personas de llevar a cabo sus derechos y obligaciones.

Como hemos comentado, estas capacidades pueden verse limitadas por sentencia judicial, momento a partir del cual, la persona ejercerá sus derechos y obligaciones a través de una tercera persona, que puede ser tanto física, como jurídica.

Aparte de nuestros mayores, dado el deterioro cognitivo que puede darse, también pueden ser incapacitadas jurídicamente personas con discapacidad intelectual, así como personas con enfermedades mentales graves.

El Código Civil establece que son causas legales justificadas para declarar a una persona incapaz “las enfermedades o deficiencias físicas o psíquicas que impiden a la persona autogobernarse”.

Los motivos que llevan a la incapacitación pueden ser diversos, entre otros, dados por una gestión inadecuada del patrimonio o de los recursos económicos; que un problema de salud comporte riesgo para sí mismo o para otras personas; que su situación de fragilidad haga necesario contar con ayuda para realizar actividades de la vida diaria…

Si reconoces a alguno de tus mayores en las situaciones descritas, quizá sea conveniente analizar cómo encauzar la situación para protegerle de los riesgos de tomar decisiones no adecuadas, de no ser capaz de proveerse por sí mismo los cuidados necesarios, de no protegerse a sí mismo o a los suyos.

Así, a continuación, te aproximamos a una breve introducción acerca de la incapacitación judicial.

Tipos de incapacidad

  • Incapacidad total: dirigida a proteger a las personas que carecen de capacidad para autogobernarse en ninguno de los aspectos de su vida. No supone la pérdida de derechos, sino que estos serán ejercidos con el apoyo de otra persona. Pretende conferir una protección tanto a las personas como del patrimonio de la persona, quien ejerza la tutela, que puede ser una persona física o jurídica. La declaración de esta incapacitación no conlleva la incapacidad penal ni laboral.
  • Incapacidad parcial: busca proteger a las personas que carecen de capacidad para autogobernarse en determinados actos de la vida. La persona incapacitada parcialmente recibirá el apoyo del curador en aquellos actos que el juez determine en la sentencia judicial. Si en la sentencia no se especificaran, estarán sujetos a curatela, entre otros, los actos de gestión patrimonial, como la enajenación y gravamen de bienes inmuebles, la cesión de bienes en arrendamiento por más de 6 años o la disposición de bienes o derechos a título gratuito.

Aparte del tutor y el curador, existen otras figuras e instituciones cuya función se orienta a la protección de las personas incapacitadas, tales como el defensor judicial, el administrador patrimonial, el guardador de hecho, el poder preventivo, la asistencia o el patrimonio protegido.

El proceso de incapacitación judicial

  1.  El primer paso es presentar una demanda de incapacitación en el juzgado de primera instancia e instrucción competente, y en el municipio o partido judicial donde resida la persona que se pretende incapacitar.
  2. Para la presentación de la demanda será necesaria la intervención de un abogado y de un procurador y deberá ir acompañada de informes médicos, psicológicos y sociales y demás documentaciones pertinentes.
  3. Tras la presentación de la demanda, se llevará a cabo la comunicación al presunto incapaz -el demandado- el cual deberá ponerse en contacto con un abogado.
  4.  Durante el juicio se recabarán las pruebas necesarias para que el juez pueda realizar su valoración. Estas pruebas van desde la exploración judicial, a la forense, pasando por la audiencia de parientes o peritaje, entre otras.
  5. Tras el juicio, la sentencia puede declarar la incapacidad total o parcial del demandado, o bien, no hacerlo. En caso afirmativo, se realizará la inscripción registral. Además, el juez determinará el tipo de institución de protección que más conviene al incapacitado.

 

Este proceso puede ser iniciado, según la Ley de Enjuiciamiento Civil, por la propia persona si prevé el empeoramiento de su enfermedad o deficiencia; el cónyuge, los padres o los hijos; los hermanos; el Ministerio Fiscal; profesionales o personas que tengan constancia de la posible incapacidad de alguien.

Desde Tu Vida On esperamos que este contenido te haya resultado de interés si crees que puedes estar en la situación de tener que proteger a tus mayores por el avance de cierto deterioro cognitivo. Y es que si eres una mujer a la que le preocupa la protección y el bienestar de los suyos, quizá te convenga la posibilidad de valorar la contratación de un seguro de vida para mujeres. En ese caso, te invitamos a conocer las coberturas que ofrece el seguro de vida para mujeres Tu Vida.

 

 

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